• A la libre expresión:
Todxs tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, creencias y a difundir datos, experiencias, teorías, técnicas.
• A gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones:
La OMS y la FLASOG recomiendan un método sencillo para abortar con misoprostol. Usado correctamente, este método tiene los mismos riesgos para la salud de las mujeres que un aborto espontáneo.
Esto permite a una gran mayoría de mujeres abortar en su hogar sin riesgos, con mínimo
control médico posterior, igual al necesario frente a un aborto espontáneo. Los costos de
producir misoprostol en laboratorios son muy bajos, cualquier país puede fabricarlo. El aborto
con misoprostol está entre los más recomendados por l@s médic@s en el mundo y es usado
por millones de mujeres.
• A la información:
El método para abortar con misoprostol es un avance tecnológico concreto
que debe estar a disposición de tod@s l@s que pueden benefi ciarse de su uso. El estado debe
eliminar las barreras para que las mujeres accedamos a la información, en especial si afectan
nuestra salud y la prevención del embarazo no deseado. El derecho a enseñar y aprender
garantiza la circulación de conocimientos sin que queden confi nados a núcleos de expert@s
y que tod@s puedan requerir, adquirir y difundir conocimientos sobre cualquier tema.
• Derechos de las mujeres a controlar nuestra propia salud y cuerpo, a la salud integral y al disfrute del más alto nivel posible de salud:
Todas tenemos derecho a decidir sobre nuestra salud y nuestro cuerpo con información verídica, conocimiento de causa y de las opciones disponibles. El estado está obligado a darnos información sobre métodos de aborto seguro, y no puede trabar las medidas adoptadas por cada mujer para lograr sus objetivos de salud. La criminalización del aborto fuerza su práctica clandestina imponiendo riesgos para la integridad y salud física, mental y social de las mujeres. Los riesgos son mayores para mujeres excluidas y pobres. El estado debe eliminar los riesgos para que no tengamos que recurrir a abortos peligrosos y para reducir la mortalidad evitable. Naciones Unidas recomienda a los estados eliminar las sanciones a mujeres que abortan y garantizar servicios de aborto seguro.
• Derecho de las mujeres a decidir:
Las mujeres somos libres de decidir si deseamos reproducirnos y en qué momento. Ante un embarazo no deseado, el estado debe brindarnos información completa, veraz y científi camente
fundada sobre todas las opciones para que decidamos con libertad e información. En nuestro
país el aborto es una opción legal para las mujeres cuando el embarazo es consecuencia
de una violación o abuso, ya sea por parte de varones de nuestra familia, pareja o extraños.
En estos casos, el estado debe garantizar el acceso al aborto, no puede poner trabas, ni castigarnos.
• A la intimidad y la confidencialidad:
El estado, la policía, l@s médic@s y enfermer@s, l@s abogad@s defensor@s, deben respetar la
intimidad. La policía no puede entrar a tu casa ni llevarse cosas sin orden escrita fi rmada por
un@ juez@. Tampoco puede hacerte preguntas y nadie, ni siquiera un@ juez@ puede obligarte
a responder preguntas cuando estás acusada, o creés que te pueden acusar de un delito. Toda la
información que das a l@s médic@s y auxiliares durante tu atención, incluso en complicaciones
por aborto o violencia sexual, es confi dencial y secreta, igual que tu tratamiento, estudios y
diagnóstico. L@s médic@s no pueden compartir la información con la policía o l@s jueces. El
no respeto a la confi dencialidad afecta negativamente la salud y bienestar de las mujeres.
Violar el deber de confi dencialidad es un delitos grave.
• A la igualdad y no discriminación:
Son prohibidos el machismo, sexismo, la homofobia, lesbofobia, misoginia y el racismo. Negar información y servicios de anticoncepción y aborto legal a una mujer es una discriminación prohibida.
El estado debe garantizar estos derechos cuando l@s encargad@s de prestarlos se niegan por razones de conciencia.
Todxs tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, creencias y a difundir datos, experiencias, teorías, técnicas.
• A gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones:
La OMS y la FLASOG recomiendan un método sencillo para abortar con misoprostol. Usado correctamente, este método tiene los mismos riesgos para la salud de las mujeres que un aborto espontáneo.
Esto permite a una gran mayoría de mujeres abortar en su hogar sin riesgos, con mínimo
control médico posterior, igual al necesario frente a un aborto espontáneo. Los costos de
producir misoprostol en laboratorios son muy bajos, cualquier país puede fabricarlo. El aborto
con misoprostol está entre los más recomendados por l@s médic@s en el mundo y es usado
por millones de mujeres.
• A la información:
El método para abortar con misoprostol es un avance tecnológico concreto
que debe estar a disposición de tod@s l@s que pueden benefi ciarse de su uso. El estado debe
eliminar las barreras para que las mujeres accedamos a la información, en especial si afectan
nuestra salud y la prevención del embarazo no deseado. El derecho a enseñar y aprender
garantiza la circulación de conocimientos sin que queden confi nados a núcleos de expert@s
y que tod@s puedan requerir, adquirir y difundir conocimientos sobre cualquier tema.
• Derechos de las mujeres a controlar nuestra propia salud y cuerpo, a la salud integral y al disfrute del más alto nivel posible de salud:
Todas tenemos derecho a decidir sobre nuestra salud y nuestro cuerpo con información verídica, conocimiento de causa y de las opciones disponibles. El estado está obligado a darnos información sobre métodos de aborto seguro, y no puede trabar las medidas adoptadas por cada mujer para lograr sus objetivos de salud. La criminalización del aborto fuerza su práctica clandestina imponiendo riesgos para la integridad y salud física, mental y social de las mujeres. Los riesgos son mayores para mujeres excluidas y pobres. El estado debe eliminar los riesgos para que no tengamos que recurrir a abortos peligrosos y para reducir la mortalidad evitable. Naciones Unidas recomienda a los estados eliminar las sanciones a mujeres que abortan y garantizar servicios de aborto seguro.
• Derecho de las mujeres a decidir:
Las mujeres somos libres de decidir si deseamos reproducirnos y en qué momento. Ante un embarazo no deseado, el estado debe brindarnos información completa, veraz y científi camente
fundada sobre todas las opciones para que decidamos con libertad e información. En nuestro
país el aborto es una opción legal para las mujeres cuando el embarazo es consecuencia
de una violación o abuso, ya sea por parte de varones de nuestra familia, pareja o extraños.
En estos casos, el estado debe garantizar el acceso al aborto, no puede poner trabas, ni castigarnos.
• A la intimidad y la confidencialidad:
El estado, la policía, l@s médic@s y enfermer@s, l@s abogad@s defensor@s, deben respetar la
intimidad. La policía no puede entrar a tu casa ni llevarse cosas sin orden escrita fi rmada por
un@ juez@. Tampoco puede hacerte preguntas y nadie, ni siquiera un@ juez@ puede obligarte
a responder preguntas cuando estás acusada, o creés que te pueden acusar de un delito. Toda la
información que das a l@s médic@s y auxiliares durante tu atención, incluso en complicaciones
por aborto o violencia sexual, es confi dencial y secreta, igual que tu tratamiento, estudios y
diagnóstico. L@s médic@s no pueden compartir la información con la policía o l@s jueces. El
no respeto a la confi dencialidad afecta negativamente la salud y bienestar de las mujeres.
Violar el deber de confi dencialidad es un delitos grave.
• A la igualdad y no discriminación:
Son prohibidos el machismo, sexismo, la homofobia, lesbofobia, misoginia y el racismo. Negar información y servicios de anticoncepción y aborto legal a una mujer es una discriminación prohibida.
El estado debe garantizar estos derechos cuando l@s encargad@s de prestarlos se niegan por razones de conciencia.
