7 de octubre de 2009
Nota para Critica de la Argentina por Josefina Licitra
Una semana atrás, una tapa de Crítica de la Argentina reveló que cada 30 minutos una mujer llamaba a la línea telefónica “Aborto: más información, menos riesgos” para asesorarse sobre cómo interrumpir un embarazo con recursos farmacológicos.
A siete días de esa nota, la línea quintuplicó la cantidad de llamados (ahora hay diez por hora, frente a los dos que había el martes pasado), un auge que dio pie a la organización Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto –a cargo de la gestión de esta vía de información– para exigir aún con más vehemencia el tratamiento y la sanción de una ley por el derecho al aborto seguro y gratuito antes de fin de año.
La demanda se hará hoy, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, durante una marcha que se realizará a las cinco de la tarde desde Plaza de Mayo y hasta la Plaza del Congreso. “Desde que salió la nota completamos el mapa del país: nos faltaban seis provincias por llamar, pero ahora llaman de todos lados, estamos desbordadas –asegura Verónica Marzano, una de las impulsoras de la línea de asesoramiento–. Es importante aprovechar esta repercusión para exigir al Poder Legislativo que sancione una ley. De hecho, desde que se publicó en Crítica de la Argentina hubo hasta miembros de la Corte Suprema que interpelaron a los propios legisladores para que este tema se debatiera”.
La ley que presenta la Campaña Nacional por el Derecho a un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y que está en este momento en el Congreso Nacional, lleva la firma de la diputada socialista Silvia Augsburger y fue consensuada con varios movimientos sociales (colectivos feministas, de derechos humanos y GLTTB). A pesar de que el proyecto cuenta con el aval y la cooperación de varias organizaciones –y a pesar de que el tema de la despenalización del aborto está en un punto clave del debate público– es muy poco lo que se sabe respecto de esta ley, y es poca –ínfima– la cantidad de gente que habla del tema desde la información, en vez de hacerlo desde los prejuicios. Para despejar incógnitas está Luciana Sánchez, miembro de la campaña y abogada de la organización feminista que gestiona la línea telefónica de aborto farmacológico.
–¿Es el primer proyecto que pide la despenalización del aborto?
–En absoluto. Desde hace ya más 20 años existe la tradición de que los movimientos de mujeres presenten proyectos de ley para que el aborto se legalice o se despenalice, pero nunca son tratados, pierden estado parlamentario y caen. A lo máximo que han llegado es al tratamiento en alguna comisión, pero el Congreso tiene mecanismos típicos para que estos proyectos nunca lleguen al recinto.
–¿Por qué hay un solo proyecto sobre este tema en el Congreso?
–No hay uno solo, hay por lo menos tres. La campaña respalda uno, que es el de la diputada Augsburger, presentado en 2008. Pero también hay uno de Vilma Ibarra, que contempla que el aborto sólo sea realizado en un hospital. Es decir que las mujeres, en la intimidad de sus hogares, no podrían practicárselo. Éste es uno de los grandes puntos de debate que plantea la discusión sobre despenalización: si el aborto tiene que ser en un hospital o si las mujeres pueden hacerlo en otro espacio.
–Pero esta discusión se salda con la propuesta del misoprostol, que se usa de forma doméstica.
–Exacto. El misoprostol es un medicamento que cambió los paradigmas de esta discusión. Ahora, las mujeres pueden ejercer su derecho sin que los médicos lo obstaculicen. En cambio, en los demás tipos de aborto no importa la seguridad de los métodos, la intervención de los médicos es inevitable. El misoprostol reduce los costos del sistema de salud, algo que ya se está viendo en los países donde el aborto es legal y en aquellos como India, con una infraestructura hospitalaria más que deficiente. La OMS recomienda el misoprostol como un medicamento esencial para la salud de las mujeres. Si cada mujer tiene dos abortos en su vida, según estadísticas del Ministerio de Salud, y todos esos abortos tienen que pasar por el sistema médico, ésa es una carga impresionante. Y además tiene consecuencias de clase muy claras: una vez más, se ven beneficiadas las mujeres que están incluidas en el circuito de salud. Si se aprobara una ley que estableciera que el aborto sólo puede ser hecho en hospitales, habría que esperar al menos cien años más para que todas las mujeres pudieran acceder a los hospitales y a un aborto seguro.
–¿Cuál es el tercer proyecto?
–Hay uno presentado en forma posterior por la diputada Augsburger, también respaldado por la campaña, y es sobre aborto no punible. En este último caso, la discusión no se saldó en el Congreso pero en la práctica sí fue saldada con la aparición de la Guía de Aborto no Punible, que establece que el aborto es legal en cuatro casos: cuando hay riesgo para la salud de la mujer, riesgo de vida para la mujer, violación, y violación o atentado al pudor sobre una mujer con sus capacidades disminuidas.
–¿Cuál es la diferencia de este último proyecto con el que ustedes piden que se apruebe?
–Creemos que la restricción de la legalidad del aborto a cuatro casos es inconstitucional. Y eso exige plantear en qué consiste el aborto. Si el aborto está vinculado a la autonomía y la libertad de las mujeres, entonces el Congreso no puede sancionar ninguna ley. Es antidemocrático que el Congreso regule algo que no se puede regular, como es la propia libertad de elección.
–Si el Congreso no debe regular el aborto, ¿entonces por qué se pide la sanción de una ley?
–Lo que estamos pidiendo es un debate legislativo que reglamente las condiciones en las que se va a brindar el servicio de salud relacionado con distintas formas de practicar los distintos tipos de aborto.
–Lo que ustedes dicen es que el aborto no es un hecho discutible, sino que hay que legislar las políticas públicas para que intervenga el Estado.
–Exacto. Las mujeres no piden permiso para abortar. Lo están haciendo desde siempre. Las feministas con más trayectoria en esto, sobre todo mujeres de más de 60 años, incluidas nuestras abuelas, siempre nos cuentan que cuando no había anticoncepción el aborto era una práctica aún más común de lo que es ahora. Lo que la anticoncepción hizo, en definitiva, fue fundar las diferencias de clase. Cuando las ricas empezaron a acceder a la anticoncepción, el aborto dejó de ser un debate para todas las mujeres. Como las que mueren son pobres, el tema dejó de debatirse en el país. Pero al margen de los casos fatales, lo cierto es que todas abortamos. Lo que hay que hacer es discutir de qué forma se va a organizar el Estado para respetarnos.
–¿La ley de despenalización incluye plazos para practicar el aborto? ¿Sería legal hacerlo en cualquier tramo del embarazo?
–No. Justamente, otro de los debates que hay respecto de la legalización gira en torno al tiempo. El proyecto plantea que los abortos deberían estar despenalizados dentro de las primeras 12 semanas, salvo los no punibles, que pueden practicarse en cualquier instancia de la gestación. En este momento en nuestro país la despenalización hasta la semana 12 sería un gran avance. Por la experiencia que nos dio la línea telefónica, vemos que las mujeres consultan tempranamente. Lo hacen dentro de los tres primeros meses. Y además, si se hace en este plazo se reducen mucho los riesgos y se obliga al sistema de salud a brindar atención inmediata a las mujeres.
–Entonces, ¿si una mujer abortara en la semana 20 sí sería punible?
–Así es en el proyecto presentado por la campaña. Esto es cuestionable, porque si hablamos de autonomía y libertad ese plazo es discutible. Creemos que el debate luego de la aprobación de esta ley debería seguir hacia la total despenalización junto con una regulación flexible, para contemplar los diversos intereses y generar obligaciones claras en el Estado.
–¿Por qué cuesta tanto conseguir una sanción? ¿Es por la falta de separación entre Estado e Iglesia?
–No es sólo eso. Por supuesto que esa relación existe y marca territorios. Así como también existen fundamentalismos, posiciones conservadoras respecto de lo que se piensa que es una mujer. Pero además creo que hay una cuestión de desidia, de no pensar en las mujeres como sujetos políticos y sociales. Por ejemplo, cuando se supo que habían sido repartidos 50 mil DIU de mala calidad, nunca se planteó cuál es el perjuicio de las mujeres que se lo colocaron. ¿Quién se hace cargo de esos embarazos no deseados? ¿Cómo responde el Estado frente a eso? No se está pensando en la mujer como persona. Éste es un momento más que adecuado para que la Cámara de Diputados deje de darnos la espalda a las mujeres. Dar la espalda lo único que logra es arrojarnos a la clandestinidad y exponernos a una pérdida de dignidad.
Línea Aborto, más información, menos riesgos: 011-15-66647070 (se puede llamar o mandar un mensaje de texto y en la línea contestan gratuitamente).
